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La ilegitimidad de la acción política congresal
La legitimidad de la acción política de los congresistas deviene de su respeto por el Orden Constitucional en cada uno de sus actos funcionales.
Si los congresistas no cumplen con respetar la Constitución y las leyes en su acción política, esta deviene en ilegítima. La ilegitimidad de la acción de los congresistas los deslegitima para cuestionar la legitimidad de la actuación de otras autoridades del Estado.
Cuestionar la legitimidad de la actuación de un funcionario público requiere valoración jurídica, moral, ética, y especializada en el ámbito del desempeño que se cuestiona. Y si los congresistas carecen de legitimidad por transgresión de la Constitución y de las leyes, en lo cual han devenido por razones políticas ulteriores, carecen de capacidad moral y de legitimidad para cuestionar el desempeño de otra autoridad del Estado.
Un Congreso que en mayoría avaló la detención de un presidente de la República en función por hechos que no constituyen los delitos que se le imputan, y se apresuraron a simular una vacancia con votos incompletos, para luego retirarle la inmunidad presidencial y en tiempo récord fabricarle una acusación por supuestos delitos comunes, que permitan justificar su detención arbitraria, vulnerando la ley penal y los artículos 113 y 117 de la Constitución y el Reglamento del Congreso con rango de ley; y que contrariamente, encubre los crímenes de un gobierno que le conviene sostener para permanecer en el cargo, ha devenido en ilegitimidad absoluta.
La colocación de los fiscales supremos en el candelero político por una acción congresal no sólo movida por intereses políticos sino de encubrir la corrupción investigada por la Fiscalía, ha logrado sacar a Tomás Gálvez y a Gonzalo Chávarry de las fiscalías supremas, donde se decide el destino de los casos penales.
Se evidencia un inocultable plan de cooptación de la Fiscalía por la corrupción política, por lo que ahora quieren sacar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, por seguir el mismo criterio de interpretación del artículo 117 de la Constitución que se ha seguido siempre: no someter a investigación o acusación penal a un presidente hasta el término de su mandato; pese a que los fiscales y jueces tienen autonomía funcional constitucional y legal para aplicar su propio criterio, y sólo están sometidos a la Constitución y a la ley.
Que Zoraida Ávalos, una honesta y competente fiscal, con más de 30 años de impecable trayectoria, sea víctima de un inconstitucional juicio político, revela la crisis moral de nuestra nación.
Cómplices en crímenes de Estado
La inoculación de la población con sustancias de mutación genética con ARN mensajero (ácido ribonucleico de seres no identificados), denominadas falsamente “vacunas contra el covid, influenza, neumonía y dengue”, continúa en el Perú, a pesar de que se han reportado millones de víctimas con enfermedades autoinmunes y fallecidos por sus graves efectos adversos en todo el mundo, y ha sido prohibida en los países que han puesto término a los protocolos anticientíficos de la OMS y a sus recomendadas falsas vacunas.
Se ha comprobado científicamente que las “vacunas ARNm” nada tienen que ver con la salud humana, y que han sido fabricadas para ocasionar la muerte programada en el tiempo, con el objetivo de reducir la población mundial e implementar un sistema de control digital de los sobrevivientes mutados y esterilizados.
A este genocidio por medio de vacunas se suma ahora la inyección de gallinas ponedoras, pavos y pollos con ARNm que denominan “vacunas contra la gripe aviar”, que el Senasa ha dispuesto se apliquen obligatoriamente, y que sin ningún escrúpulo los voceros de la élite mundial han declarado es para “vacunar”, por los alimentos, a los que se niegan a “vacunarse”.
Sorprende cómo la mayor parte de la población no entiende que aplicarse el ácido ribonucleico de las células de un ser extraño provocará la mutación de sus propios genes, y que una intencional mutación genética no tiene nada que ver con impedir la infección por un virus, parece que no entendieron su clase de “La Célula” de 4to de Primaria, porque siguen acercándose a inocularse las inyecciones de la muerte, y no han dicho nada sobre la “vacunación” obligatoria de las aves de corral que las volverán mutantes y producirán desde sus huevos transgénicos: daños irreparables a la salud y vida de la población.
Es evidente que lo que buscan los promotores de estas falsas vacunas no sólo es el enriquecimiento ilícito por medio de la corrupción de los gobiernos, sino la destrucción de los pueblos en que tienen intereses de dominación económica y, por ende, política.
Lo extraño es que todas las instituciones oficiales llamadas a investigar, denunciar, juzgar e impedir estos crímenes de Estado, no sólo no lo están haciendo, sino que demuestran una inocultable complicidad con el sistema de corrupción internacional y nacional que está detrás de estos execrables crímenes de lesa humanidad.
El tiempo que tenían para imponer el Nuevo Orden Mundial se acabó, y la nueva Corte Penal Internacional juzgará y condenará a todos los culpables.
Los informes de la CIDH
Preocupante, que gran parte del liderazgo político nacional se rasgue las vestiduras por la supuesta lesión a nuestra soberanía que habría ocasionado el reciente Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esos mismos políticos son los que han aprobado en el Congreso leyes de ejecución de los “compromisos” con la OCDE, ONU, OEA, OMS y demás organismos internacionales, en cumplimiento de la colonizadora Agenda 2030, que está destruyendo nuestra nación y entregando al Perú en manos de la élite que digita el gobierno mundial de la ONU.
Pero observan iracundos que la CIDH haya emitido un informe del estado de los derechos humanos con relación a los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre de 2022 en nuestro país, en el que se llega a conclusiones de evaluación de la información y pruebas recogidas por múltiples vías, y plantea recomendaciones. Lo que en nada afecta la soberanía nacional.
La CIDH emite estos informes en base a la Convención Americana de Derechos Humanos y su Reglamento, y lo hace constantemente en relación a países de América donde se producen violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de que los Estados que forman parte de esta Convención respeten el cumplimiento de las normas de garantía de los derechos humanos de sus naciones.
Las conclusiones del reciente Informe son el resumen de los hechos sucedidos, con prolijo enfoque técnico de doctrina de derechos humanos, y no tienen ningún sesgo político de izquierda o derecha, así como las recomendaciones que proponen son medidas de gestión social e institucional para fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos en el Perú.
Debe mediar un serio desconocimiento de la naturaleza de estos informes de la CIDH, aunque son los mismos políticos y partidos ahora reciclados y sus jóvenes herederos, que en los 90 también reclamaron la salida del Perú de la CIDH y de la Corte, porque sus pronunciamientos estaban exhibiendo internacionalmente las oscuras entrañas de la dictadura de la corrupción, del quebrantamiento del Orden Constitucional con el control político de todos los Poderes del Estado y de la prensa, la vulneración sistemática de los derechos humanos y la precarización de la vida y de las libertades en el Perú.
La reedición actual de esta tiranía con los mismos actores decidiendo nuestro gobierno desde centros penitenciarios, después del padecimiento de 33 años de dictadura globalista de derecha e izquierda, debe movernos a luchar sin sesgos políticos, por nuestra libertad y la independencia, integridad, y soberanía de nuestra nación.
La cuestionada jurisdicción internacional
Cuando se crearon las cortes internacionales, el mundo vio como bueno que existieran espacios de Justicia para crímenes y violaciones de derechos humanos, que cada vez más trascienden las fronteras de las naciones y que muchas veces cuentan con la complicidad de los gobiernos, o estos son sus principales autores.
El sistema interamericano de Derechos Humanos se formó para garantizar el cumplimiento de los tratados de Derechos Humanos en las Américas. Cuando se creó la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, la humanidad aplaudió.
Lo cierto es que principalmente las Cortes de Derechos Humanos en América y Europa han tenido un desempeño bastante bueno para cautelar las violaciones de derechos humanos por los Estados en agravio de sus ciudadanos; a la Corte Penal Internacional no se le conoce aún una actividad trascendente que haya demostrado el logro de sus objetivos.
En los últimos años las cortes de Derechos Humanos han dado un giro ideológico contrario a los principios y valores que sustentan los tratados de Derechos Humanos que las crearon, especialmente en América, donde se van emitiendo sentencias que pretenden dejar sin efecto las normas internacionales de derechos humanos para imponer a los Estados como dogmas de gobierno y políticas públicas las contra ideas del “progresismo”, que son claramente contrarias a las normas expresas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esto no debería ser motivo para salirse de su jurisdicción, lo cual es un grave error geopolítico, sino motivo para exigir internacionalmente la vuelta a los fundamentos de la creación de estos organismos que están en blanco y negro en tratados que aprobaron su creación, y demandar su reorganización.
Ningún Estado puede verse obligado a cumplir una sentencia de una corte internacional que vulnera el tratado de derechos humanos que la constituyó, porque deviene en inejecutable por los principios de la doctrina del Derecho Internacional.
Pero pretender salirse de una Corte o de la CIDH, porque emitió informe sobre violaciones de derechos humanos ciertos y de público conocimiento, sólo revela el precario nivel moral de un gobierno, que no sólo ha dejado de ser democrático desde sus actos quebrantadores del Orden Constitucional, sino que ha impuesto una tiranía del terror, de la injusticia y la muerte, para sostenerse con tejidos de sangre en el poder, con el injustificable aval de los otros Poderes del Estado.
Lo que el Estado no puede obligar
A pocos meses de que Boluarte anunciara en el Foro de Davos el compromiso del Gobierno de apoyar el objetivo de reducción de la población (sic), la falsa vacunación covid continúa, mientras en los países más vacunados la han suspendido por sus graves efectos adversos y altos índices de mortalidad.
La “vacuna” ha sido altamente exitosa para lograr sus objetivos de reducción programada de la población, sin que las víctimas y sus familias se den cuenta, con la complicidad de médicos que diagnostican cualquier causa de las muertes y niegan que sean efectos de las vacunas.
Como la gente sana vacunada empieza a sentirse enferma, ya empezó a darse cuenta de que las vacunas tienen que ver con sus dolencias extrañas, rechazando todo “refuerzo”.
Por eso, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, evidenciando obedecer órdenes, ha salido con su programa ‘CHEQUÉATE PERÚ’, anunciando el “chequeo obligatorio” de todos los peruanos a través de los centros de salud y “casa por casa”; operativo antisanitario que mediante extracción de sangre pretende:
- Implantar nanochips a los no vacunados mediante jeringas especiales.
- Justificar falsos diagnósticos para obligar a continuar con la inoculación de “vacunas” con ARNm.
- Saber por qué no se mueren todavía los vacunados en el índice en que ya debieron morirse como en otros países.
- Obtener sangre de no vacunados para transfusiones, pues la sangre de los vacunados está formando coágulos.
- Saber cuáles son falsos vacunados que se inscribieron irregularmente en el registro.
Hay que informar a la ministra y a este gobierno, que el Estado no puede obligar a nadie a hacerse un chequeo de salud, porque esa decisión está en la esfera de la libertad individual y en el libre ejercicio de los derechos a la salud y a la vida que amparan los artículos 2 incisos 1 y 24 a) de la Constitución, y los artículos 3 y 6 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos.
Empezarán a lloverles demandas de amparo y hábeas corpus, así como denuncias penales por genocidio y crímenes de lesa humanidad, que se agregarán a las presentadas, y a la que estamos presentando por el asesinato de Gía, de 3 años, vacunada forzosamente en el nido, sin autorización médica ni de sus padres, y que están encubriendo con fraudulenta necropsia como “ahogo por alimento”, luego de haberle extraído la piel del área de la vacunación para borrar las pruebas del crimen.
El poder nubla el entendimiento de que la Justicia es inexorable.
El Nuevo Orden Mundial ha terminado
Los anuncios de la élite globalista de sumergir a la humanidad en una “nueva normalidad”, luego de someterla a un plan perverso de quebrantamiento moral por el temor a la muerte, por un virus que ellos mismos fabricaron, mutando un coronavirus con neumococo, VIH y TBC en un laboratorio de Wuhan, y llevarla a una crisis financiera global, tienen un objetivo: hacer creer que su Nuevo Orden Mundial (NOM) se implantará recién con planes hacia 2030 y al 2050.
Este engaño pretende ocultar que el NOM ya se estableció el 6/6/2016 y que se ha estado imponiendo en las naciones con gobiernos corruptos de modo evidente, con la imposición de la irracional Agenda 2030, que ha ido desde la perversión de la cultura con la mentira y el mal como instrumentos de transculturización forzada: la perversión de los niños y adultos con la ideología de género, la pornografía infantil, la perversión del lenguaje, la literatura, las comunicaciones, el cine, la música, el arte; la muerte como política social de reducción de la población mundial; la legalización de anti derechos humanos como el aborto, eutanasia, eugenesia y suicidio asistido, legalización de las drogas, del matrimonio homosexual; hasta el transhumanismo, mutando a los seres humanos con ARN mensajero (de seres desconocidos), esterilización de jóvenes y niños, abortos masivos, sufrimiento extremo por lesiones con discapacidad permanente y muertes programadas por la inoculación forzada de sustancias denominadas falsamente “vacunas”, bajo amenaza de sufrir privación de derechos humanos; que han ejecutado los gobiernos con delatora diligencia.
Engañar a la humanidad con que esto recién comienza es crucial para que el temor a que venga lo peor: ciudades de 15 minutos (campos de concentración) para encerrar a todos los sobrevivientes del exterminio de la vacunación, alimentación forzada con insectos, carnes sintéticas, y transgénicos, confiscación de la propiedad privada pasándola al Estado, moneda digital obligatoria, y la subvención forzada de un sueldo mínimo para todos, haga posible su realización.
Que Rusia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov, les haya notificado en la reunión del G20 que: “EL NUEVO ORDEN MUNDIAL HA TERMINADO”, no sólo es corroborado por la salida de varios países integrantes del BRICS, y de otros renunciantes a la Agenda 2030, sino que el Reino Unido, que lideraba el NOM, fue el primero en salir, revelando que el juego había terminado.
Las dos etapas de 42 meses (7 años) de Apocalipsis 13 se cumplen el 6/6/2023 y no someternos a esta corrupción de Estado será nuestra salida a la Libertad.
La moneda que no debemos aceptar
Venido del Foro de Davos el presidente del BCR, Julio Velarde, anunció el inicio de acciones para crear una moneda digital, lo que reveló que había recibido instrucciones en este foro, que ha entrado a la etapa de imposición de una moneda virtual universal.
Los más ingenuos han aplaudido la idea de ya no tener que usar el “sucio dinero físico” y simplificarse la vida desde su celular convertido en su asesor, asistente, memoria alterna, y casi confidente de inteligencia artificial, que silenciosamente les va robando la identidad y la idea misma de la realidad.
Otros, de levantar una ceja no han pasado, y existen los pocos, los que no están aceptando nada de lo que “manda” el foro de Davos, la banca mundial, la ONU, la OEA y organismos especializados, porque han descubierto que vienen ejecutando un plan de dominación de las naciones y que cada cosa que anuncian tiene un oscuro propósito.
El BCR ya anunció que tiene concluida la investigación para implantar la moneda digital en el Perú denominada CBDC, sigla que responde a su nombre en inglés: Central Bank digital coin o moneda digital del Banco Central, que dice ser “dinero soberano” emitido por el banco central de un país en formato digital, aunque en realidad NO EXISTA.
Vistos los pasos retorcidos del Foro de Davos y de los organismos internacionales para aplicar la agenda de dominación 2030, es evidente que la “inocente” moneda digital única viene a imponer un nuevo orden de manejo del dinero en el mundo, conveniente a sus fines de control absoluto de los recursos de las naciones, lo que no funcionará si no controlan también el consumo y la vida misma de los habitantes del planeta.
Por lo que aceptar la desaparición del dinero físico y someternos al ficticio dinero digital implicará la entrega de nuestros recursos nacionales y también los personales y familiares, pues cada vez que usted rechace una decisión o medida de la dictadura mundial y/o de la nacional, sus “fondos digitales” desaparecerán por arte de magia apretando un botón, conjuntamente con su identidad digital que ya los “ingenuos” congresistas aprobaron mediante ley que incorporará hasta su ciática en el chip de su DNI, que pasará a ser el DUID, documento único de identidad digital del Registro Civil Universal, en poder absoluto de la élite del mal.
Todo esto les funcionará, si lo aceptamos, pero si lo rechazamos, estamos a tiempo de abrir la puerta hacia la libertad.
